El holgado rechazo este miércoles por mayoría absoluta del Parlamento europeo a ampliación de la jornada laboral que se pretendía ampliar hasta las 65 horas la semana laboral que haría retroceder prácticamente a la esclavitud, al trabajo de sol a sol, pactado por los gobiernos de la UE constituye en primer término una victoria para el Legislativo comunitario. La Eurocámara se ha mostrado capaz en esta ocasión de articular una base crítica lo bastante amplia, superando los corsés de las adscripciones nacionales, ideológicas o partidarias, como para revertir el proyecto aprobado en junio por los ministros de Trabajo con los únicos votos en contra de España y Grecia.

Esto supone un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada, aseguró el español Alejando Cercas del PSOE

La intención de los Estados miembros era convertir esa excepción temporal en definitiva, lo que haría que los trabajadores de aquellos países que la aplicasen pudiesen alargar sus jornadas hasta un máximo de 6º o 65 horas semanales, según los casos

El revés sin paliativos sufrido por el Consejo implica un mandato ineludible no sólo para renegociar la propuesta con el Parlamento, tal y como es preceptivo antes de que la misma decaiga si no es posible la conciliación, sino para que los gobiernos más favorables a la directiva, con el Reino Unido al frente, reconsideren tanto sus presupuestos como las excepciones que vienen permitiendo sobrepasar el límite actual de las 48 horas; excepciones que la Cámara de Estrasburgo también ha exigido que se supriman en un plazo máximo de tres años. Sería seguramente exagerado deducir que la ratificación del proyecto hubiera conducido a una restricción difícilmente revisable de los derechos laborales y sociales que constituyen una de las divisas de la Unión. Pero no deja de resultar revelador que sus principales inspiradores fueran justamente Gran Bretaña, la potencia más euroescéptica de la UE, y los antiguos regímenes comunistas de reciente incorporación al entramado comunitario, cuyas limitaciones en el desarrollo democrático colisionan con el respeto a los derechos civiles más asentados en Europa.

Las necesidades y demandas derivadas de la globalización y del expansivo modelo de crecimiento económico de los últimos años podrían explicar una modulación al alza del horario laboral en sectores y empresas concretos y también en períodos determinados. Pero la pretendida identificación que establecen los defensores de la directiva entre la ampliación del tiempo del trabajo y el libre acuerdo entre empleador y empleado se sustenta sobre una premisa si no imposible de acreditar, sí cuando menos muy dudosa: que las relaciones en las que se basaría esa “libertad de opción” son lo suficientemente igualitarias como para que tanto la decisión del empresario como la del trabajador respondieran a intereses exclusivamente voluntarios. La imposibilidad de garantizar esa equidad, que encontraría aún más trabas en un período de fuerte desempleo como el derivado de la crisis económica, supone en sí misma un desequilibrio que cuestionaba el fundamento mismo de la directiva, rechazada en su momento por una inusual unanimidad por el Congreso español. Una directiva que ha tratado de establecer, además, una falsa vinculación entre la productividad y la ampliación de horarios, entrando en contradicción con las políticas de conciliación de la vida personal y laboral impulsadas en el seno de la UE

El no del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un período de “conciliación” entre la cámara y los Estados miembros que podría prolongarse hasta ocho semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo. De no logarse el acuerdo, la reforma del tiempo de trabajo podría decaer y seguiría en vigor la actual directiva “provisional” aprobada en 1993, por los gobiernos y que la Eurocámara quiere reformar.

Fidel Campo Sánchez