La decisión de las cuatro asociaciones judiciales, uno de los poderes del Estado del Derecho, que representan a la mitad de los miembros de la carrera, de convocar una protesta el 18 de febrero a fin de reivindicar la modernización efectiva de una administración clave en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho puede resultar congruente tanto con las carencias que arrastra la misma, como con el profundo malestar de quienes operan en ella.

Pero lo que no lo es de recibo, es que los organizadores de la movilización la justifiquen como un intento de evitar la huelga a favor de la que ya se han posicionado varias juntas de jueces provinciales que es de pura desvergüenza y cinismo cuando el paro, una huelga injusta de uno de los poderes del Estado, tendría un más que dudoso encaje en el régimen que rige la actividad de la Magistratura e incluso delictivo al ir contra la soberanía popular representada en las Cortes Generales, de donde ha emanado ese poder judicial

Una incoherencia que se ve agravada por la amenaza que conlleva la propia convocatoria, dado que sus impulsores advierten  que irán a la citada huelga el 26 de junio si no se produce por parte del Ministerio y del Consejo del Poder Judicial una respuesta satisfactoria a sus reclamaciones, en un gesto de presión difícilmente aceptable habida cuenta que el corporativismo al que estos individuos han estado mal acostumbrados durante años y que se han dedicado a vivir de rentas(buenos sueldos, siempre de los mejores pagados del Estado)  son precisamente los causantes principales, junto con la administración por no modernizar y homologar informáticamente todos y cada uno de los juzgados, dados los pésimos funcionamientos y acumulación de asuntos en los juzgados, por prepotencia unas veces y la mayoría por la gandulitis que produce al ser funcionario y haberse visto durante muchos años como una estirpe de intocables, cuando estamos viendo que cuando meten la pata son amonestados y expulsados de la Carrera Judicial, en algunos casos ya que no ha sido así en caso del juez que juzgara y no imprimiera celeridad para encerrar o, al menos tener controlado al pederasta-asesino de la niña Mary luz al que, para mayor indignidad del Poder Judicial, se le puso una multa mínima y sin embargo a la secretaria se le aplicó la máxima. Nos encontramos ante lo siguiente: un Estado con un poder judicial que no función, como tal poder del Estado.

Estamos ante una huelga injusta de uno de los poderes del Estado. Entre el “golpe de Estado” y el derecho fundamental. Los jueces no tienen derecho a la huelga. Esa iniciativa es insólita. El artículo 28 de la Constitución habla de “trabajadores”, ellos no lo son, son un poder del Estado y, dicho sea de paso, ¡bien que lo reivindican!. La huelga de los jueces sería sencillamente un “golpe de Estado”. Los juez son titulares de un poder del Estado: un poder del Estado no puede levantarse contra el mismo Estado.

Aun, todavía en estos momentos, producen rubor las inmensas colas, colas tercermundistas, que vemos por fuera de los juzgados, principalmente las del Juzgado de lo Civil y otros de Instrucción en la calle La Carrera lagunera, donde estuvo el antiguo colegio de La Salle.

Fidel Campo Sánchez