De las iniciativas y contactos emprendidos por Barack Obama en el primer día de su presidencia es la decisión de ordenar a la Fiscalía que suspenda sus actuaciones ante las comisiones militares que han de juzgar a los presos de Guantánamo la que contiene una mayor carga simbólica. El líder de EE UU muestra así su voluntad de cumplir con el compromiso electoral de clausurar el penal. La ignominia que ha supuesto para una de las democracias más asentadas del planeta la creación y pervivencia de un limbo legal, por el que han pasado cientos de sospechosos de terrorismo sin las debidas garantías sobre el modo en que fueron detenidos y con evidencias sobre la utilización de la tortura en los interrogatorios, obliga a Obama a ser fiel no sólo a su promesa, sino a su reiterada convicción de que la salvaguarda de la seguridad no debe anteponerse a los valores de libertad y respeto a los derechos humanos que han engrandecido a su país.
Es la firmeza de ese discurso, y su proyección sobre la manera de concebir la lucha antiterrorista y sus límites, la que identifica el cierre de Guantánamo como algo más que un gesto emblemático, convirtiéndolo en una prueba que ha de medir la disposición de Obama a reorientar el combate contra la violencia global y a comprometerse, incluso, con una Justicia internacional a la que EE UU siempre ha sido reticente.
Pero más allá de los objetivos estratégicos, el presidente norteamericano se enfrenta a un desafío jurídico de primera magnitud ante la paradoja que supone tener que encauzar dentro de los márgenes del Estado de Derecho lo que permanece en la alegalidad o en una legalidad excepcional y forzosa como la que han constituido las comisiones militares. La eventual revisión caso por caso, a fin de discriminar a los detenidos sin cargos verificables de quienes sí puedan ser imputados por delitos graves, no solventa el obstáculo de la falta de seguridad jurídica en la realización de las detenciones y la aportación de pruebas.
Del mismo modo, el difuso ofrecimiento de colaboración por parte de la UE y de otros países para poner fin al negro episodio del penal refleja los recelos existentes ante la posibilidad de tener que acoger a los retenidos hasta ahora en Guantánamo. Unos escrúpulos que pueden estar justificados, pero que resultarían incoherentes con la incapacidad exhibida por la comunidad internacional para frenar tan evidente vulneración de los derechos humanos. ¡Obama es más que un símbolo!
FIDEL CAMPO SÁNCHEZ
