La celebración y el resultado de la primera huelga convocada por los jueces en democracia urge a una reconducción urgente de un conflicto en el que su dimensión más razonable -la exigencia de un refuerzo y modernización de los recursos disponibles- ha quedado solapada por la promoción de un paro cuya falta de amparo legal no puede ser soslayada por el seguimiento que ha tenido el mismo que nosotros más encuadramos en un golpe de mano contra el Estado de derecho.

Con independencia de que las cifras se aproximen más a las del CGPJ o a las de los convocantes, la movilización fue ayer lo suficientemente amplia como para constituir una advertencia inexcusable sobre el hartazgo existente en la carrera y la profundidad de la reivindicación tanto de mayores medios materiales y personales, como de una salvaguarda efectiva de la independencia consagrada por la Constitución y sobre todo el más concepto que la ciudadanía tiene de los jueces. Pero resultaría tan erróneo como desmesurado interpretar que esa advertencia sólo interpela al Ministerio de Justicia, cuyo titular ha vuelto a dar muestras, como en la huelga de funcionarios de hace apenas un año, de encarar con una enojosa e inoperante suficiencia los problemas que se le plantean; o al CGPJ, que parece haber optado por inhibirse de la responsabilidad que le compete en la evaluación de las consecuencias que ha tenido la huelga para los justiciables afectados y de la actuación de unos profesionales que, según ha sostenido el propio Consejo, carecían de cobertura legal para su insólita iniciativa; o a las dos asociaciones que no secundaron la movilización, cuya legitimidad negociadora ha quedado en entredicho.

El resultado de la huelga compromete a quienes la han promovido y secundado, los cuales no pueden pretender sacudirse el peso de una convocatoria que no sólo está llamada a condicionar bajo presión el desarrollo del diálogo con el Ministerio. También puede desembocar en una reconsideración del propio papel institucional de los jueces sin que dé la impresión de que quienes han capitalizado el malestar sepan hoy por hoy cómo administrarlo pero lo que si se hace necesario, ante el posible vacío constitucional que notamos es que se produzcan leyes que impidan a cualquier poder del Estado declararse en huelga.

El paso de ir a la huelga, que redundará en una reforma legislativa proclive, seguramente, a prohibir de forma expresa el ejercicio de ese derecho por la Judicatura, supone haber antepuesto el carácter de funcionarios públicos de los jueces a su condición de poder del Estado; una supeditación que introduce un factor distinto en el comportamiento que han venido manteniendo los miembros de la carrera hacia su propia profesión, pero que también les expone a una consideración diferente por parte de la ciudadanía. Una ciudadanía que precisa de un rápido y pacífico encauzamiento de las diferencias que redunde en la mejor prestación de un servicio esencial para el Estado de Derecho, lo que exige una actitud comprometida por parte de la oposición que más bien contribuye al apoyo de los delincuentes y hacia desarrollo del Pacto para la Justicia y, sobre todo, de una concienciación más visible del Gobierno con la responsabilidad institucional que le compete en la corrección de unas carencias inasumibles

Fidel Campo Sánchez