La profundidad  y alcance de la recesión, el impacto de las disfunciones en los mercados financieros y las consecuencias sobre el correcto funcionamiento del sistema bancario han generado un comprensible estado de preocupación que los sucesivos remedios paliativos no han logrado disipar.

El llamamiento realizado ayer por el presidente del BBVA, Francisco González, para labrar un gran consenso como única fórmula para responder a una crisis que no dudó en calificar de «emergencia nacional» no debería ser desatendido, como lo han sido otras apelaciones en la misma línea, por efecto de las discrepancias que vienen alejando a las fuerzas políticas y, en concreto, al Gobierno y las irascibilidades de un PP que desea rentabilizar todo, absolutamente todo en el plano político con; divergencias que amenazan la virtualidad del diálogo partidario y del emprendido por el resto de agentes económicos y sociales para propiciar acuerdos de calado.

No obstante, y en tanto no se produzca un diagnóstico menos distante sobre la gravedad de los problemas y el modo de intentar atajarlos, sí cabe reclamar que la identificación de las dificultades presentes y futuras se efectúe con la suficiente claridad para evitar que su sola mención pueda acabar ahondando una desconfianza persistente.

Este requisito resulta indispensable cuando afecta a la situación de nuestro sistema financiero. Distintas declaraciones en las últimas semanas han incidido en la posibilidad de que acabe siendo necesaria una intervención pública, de carácter impreciso, para rescatar a aquellas entidades potencialmente más vulnerables ante las exigencias de un fuerte endeudamiento y el repunte de la morosidad. La advertencia ayer del vicepresidente Solbes de que aquellas que se muestren incapaces de superar su insolvencia no podrán seguir siendo jugadores del sistema por el bien del mismo abunda en unos argumentos que, aun siendo razonables, tienden a agudizar el desconcierto dado que siguen lanzándose por ahora en un terreno más teórico que práctico. Si el Gobierno contempla esta hipótesis, debería expresarse o bien con mayor cautela, o bien anticipando de forma menos ambigua qué escenarios prevé y cómo pretende encararlos, como podría ser lógico, sino retornando a la banca oficial que desapareció el Gobierno de Aznar, al menos manteniendo la forma actual pero con participación importante del Estado Algo aún más ineludible cuando se trata de presentar la fortaleza exhibida por la Banca española como un referente en la remodelación del sistema financiero internacional, que ha avanzado estos días, aunque haya sido con menor ambición de la planteada, con la decisión de Suiza y otros países de flexibilizar el secreto bancario ante la evidencia de operaciones fraudulentas, que ¡haberlas haylas!

Fidel Campo Sánchez