El juicio por los errores cometidos en la identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 quedó ayer visto para sentencia después de que la vista oral haya servido para reconstruir unos hechos que resultan estremecedores, al margen de cuáles de ellos considere el tribunal suficientemente probados como para que deriven en responsabilidades penales, de ,los que en principio vemos excluir a los máximos responsables políticos a: Aznar, presidente del Gobierno y Trillo Ministros del Ejército, de entonces..

Las pruebas recabadas y el cruce de testimonios, incluidos los exculpatorios de los tres procesados -el general Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez-, retratan un escenario de pesadilla, en el que se cometieron notorias irregularidades en una tarea tan elemental como la de poner el nombre que correspondía a los restos de las víctimas y devolvérselos a sus destrozados familiares. Las acusaciones han mantenido sus peticiones de condena para los imputados por falsear supuestamente los documentos que acreditaban las identificaciones y proceder a la repatriación de los cadáveres a sabiendas de que parte de las filiaciones eran erróneas. Una terrible equivocación que el tribunal determinará si se produjo o no de forma consciente y dolosa, ciñéndose a la calificación penal de las imputaciones, pero que sea cual sea el veredicto, no podrá hacer olvidar a los familiares que tuvieron que pasar por el trance de exhumar los cuerpos y de soportar un juicio en el que se han hecho patente el desastre cometido.

El estremecimiento provocado por algunas de las revelaciones realizadas en la vista oral no puede llevar, no obstante, ni a soslayar el derecho a la presunción de inocencia que asiste a los acusados hasta que se dicte sentencia ni a obviar los límites de la acción penal, constreñida a los delitos imputados, ni a extender una injusta sombra de sospecha sobre el conjunto del Ejército. Pero los procesados -en este caso, el general Navarro- sí tenía en su mano evitar en su alegato final incidir en el sufrimiento de los afectados con afirmaciones como que se «dulcificaron» los detalles de las muertes, en lugar de haber aprovechado para decir la verdad: el haber obrado en razones políticas de un dudoso concepto de Estado, emanadas desde la presidencia del Gobierno hasta llegar al mismo.  . Con independencia del proceso judicial abierto y sus consecuencias, los implicados estaban obligados a guardar respeto a las víctimas y a sus familiares a los que pretendieron someter y silenciar por “la obediencia debida”, ¡lamentable!

FIDEL CAMPO SANCHEZ